Una regla básica de todo capitalista que se precie es: «reducción de costes en pro de mayores beneficios».

Que el deporte es un negocio es algo que hace tiempo que tenemos asumido. Que es un negocio muy rentable, también lo tenemos claro, pero lo que no sabiamos es que, además del fútbol, hay otros muchos deportes que generan gran cantidad de ingresos a sus organizadores, entre ellos, las carreras por montaña.

Veamos someramente como funciona el «chiringuito»:

Yo club / asociación / federación / empresa / particular / ayuntamiento / etc., publicito una carrera por montaña en un punto con cierto atractivo deportivo o paisajístico (o sin él), solicito los permisos, busco patrocinadores, organizo dentro de mis posibilidades, desarrollo la carrera y cuento los beneficios (porque no hay que olvidar que la mayoría de las carreras se hacen con ánimo de lucro propio o ajeno).

Si hacemos un cálculo rápido, en la mayor parte de las carreras el 50% del precio de la inscripción es beneficio, con lo que convertimos el mercantilismo exacerbado y el ánimo de lucro no en una consecuencia, sino en un objetivo primordial del evento. Volviendo al principio, si a ésto unimos que «a menos gasto, más beneficio», incurriremos fácilmente en un deficiente servicio que supone, un mayor ingreso y un desencanto del participante.

¿Sólo incurrimos en desencanto? No, para nada. Ya hace tiempo me refería a la responsabilidad del organizador de carreras por montaña (https://derechoymontana.wordpress.com/2013/11/08/correr-y-correr-la-organizacion-de-carreras-en-montana/). El deportista descarga su seguridad en una organización que debe ofrecer unos servicios adecuados, unos protocolos concretos y debe actuar con la diligencia que se le presupone, que será la máxima contenida en nuestra normativa y auspiciada, también, por el principio de la responsabilidad social.

La mayor parte de las veces el organizador, con un protocolo de seguridad y un estudio jurídico deficiente, desarrolla un evento multitudinario sin tener en cuenta las consecuencias, que en la mayor parte de las ocasiones no son graves por «gracia de Dios». La asunción de la posibilidad de un accidente o de un rescate se tiene asumida (así lo hemos visto recientemente) pero, ¿asumen los organizadores su falta de diligencia en caso de siniestro? ¿cumplen con todas las exigencias legales? ¿ofrecen lo que realmente publicitan o directamente reducen la calidad del servicio en pro del beneficio?

Es dificil que las autoridades incidan en ello, en esa responsabilidad social y jurídica de los organizadores, por lo que son ésto los que deben velar por la seguridad del corredor y los participantes lo que deben hacerlo para que no «les tomen el pelo».

Seamos conscientes con lo que hay y con lo que debería haber.

Alejandro López

Abogado.

www.campoiv.es

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